El Gobierno logra aprobar un gasto histórico para 2023 y anuncia un impuesto para ricos a partir del 1 de enero

El Gobierno logra aprobar un gasto histórico para 2023 y anuncia un impuesto para ricos a partir del 1 de enero

El Congreso da luz verde a un techo de gasto en los Presupuestos que ya se preparan para el año 2023 de 198.221 millones de euros. Se trata de la mayor cifra de gasto de la historia que anticipa unas cuentas «expansivas» con el objetivo, según el Gobierno, de hacer frente a la crisis inflacionista derivada de la guerra y que aprovecha la suspensión de las reglas de responsabilidad fiscal autorizada por Bruselas por la situación de excepcionalidad económica a la que se enfrenta Europa por el conflicto en Ucrania.

Con la aprobación de la propuesta gubernamental se da el primer paso para la tramitación del proyecto de Presupuestos para 2023 que aún no ha sido desvelado por el Ejecutivo pero que debería ser remitido a la Cámara en muy breve plazo a fin de evitar que su debate en Congreso y Senado se haga a uña de caballo. Un proyecto que, además, estaría acompañado por un impuesto de «carácter temporal» para grandes fortunas -idea original de Unidas Podemos- que entraría en vigor el 1 de enero de 2023, al mismo tiempo que las cuentas del Estado, y en el que ya trabaja Hacienda.

La confirmación de ese nuevo impuesto a los más ricos ha sido «celebrada» por Unidas Podemos, que ha sacado pecho de que es una demanda «histórica» de su formación y que finalmente haya sido asumida por el PSOE, a pesar de que hace sólo tres meses la rechazó. No obstante, Pablo Echenique ha presionado a su socio para que sea una tasa de carácter «permanente» y no «temporal», como ha dicho Montero Así, ha recalcado que serán «cabezones» a la hora de empujar para que sea un impuesto que venga para quedarse, informa Álvaro Carvajal.

Echenique ha reconocido que su formación no había sido informada previamente de que se iba a implementar un impuesto a las grandes fortunas. «La decisión no la conocíamos, pero la celebramos», ha señalado. Por eso desconoce también todos los detalles de ese nuevo impuesto.

De vuelta al debate presupuestario, admitir la situación excepcional que afecta a toda Europa y dar el visto bueno a una cifra de gasto «histórica» ha abierto una nueva brecha entre los modelos económicos que plantean, de un lado, el Gobierno y sus aliados y, de otro, la oposición. Una brecha por la que inevitablemente se ha colado el debate a cuenta de los impuestos y de las pensiones así como el de la eficacia del Ejecutivo a la hora de emplear un dinero que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que se destina directamente a beneficiar y proteger a la «clase trabajadora».

Montero, en defensa de su propuesta que no viene acompañada de un plan de reequilibrio como exige la ley, ha reclamado a las fuerzas parlamentarias dar el visto bueno a la posibilidad de «superar los límites de deuda y déficit», como permite en esta ocasión Bruselas, «para atender a la situación excepcional» que vive Europa y ha acusado al PP, un partido que ha optado por la abstención, de embarcarse en una estrategia «obstruccionista y negacionista que degrada la vida política» y la impregna de «toxicidad».

Para el PP, «España va fatal» y, pese a ello, el Gobierno se empeña en «hacer caja con la inflación y no con el crecimiento». En este debate los populares no han sacado a relucir las propuestas de rebaja fiscal que abanderan. No ha hecho falta. De ello se han encargado los partidos que apoyan al Gobierno incidiendo en la supresión del impuesto de patrimonio anunciado por Andalucía, siguiendo la senda de Madrid, y que, en su opinión, beneficiará a los ricos a costa de causar un grave perjuicio en los servicios públicos y a los colectivos más vulnerables. Listas de espera eternas en la sanidad y comida «repugnante» en los colegios públicos son algunos de los efectos perniciosos que, por ejemplo, según Más País, provocará la «batalla por la bajada de impuestos» abierta por los populares.

Para Unidas Podemos, en las circunstancias actuales es «inevitable el debate fiscal» y «legislar urgentemente» para impedir con «acciones contundentes» que las bajadas de impuestos propuestas por la derecha atenten contra la sanidad y la educación. La formación morada apuesta por que el Gobierno, del que forma parte, despliegue una política presupuestaria que palíe la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la subida de tipos de interés acordada por el BCE. De no ser así, advierten, «iremos directos a una caía a plomo del consumo y la inversión».

Ciudadanos, apoya el techo de gasto planteado por el Gobierno pero insiste en la «irresponsabilidad y la insolidaridad» que supone mantener la vinculación de las pensiones al IPC. Para los naranjas, aumentar todas las pensiones conforme a una inflación desbocada es una medida «insostenible» y profundamente insolidaria con los jóvenes con la que el Gobierno sólo busca asegurarse la bolsa de más de nueve millones de votos que representan los pensionistas.

Vox ha justificado su voto en contra haciendo hincapié en el «bochornoso gasto político superfluo» de un Gobierno con 22 ministerios y en la «temeridad» de una política presupuestaria basada en el gasto sin control y en el aumento de la presión fiscal hasta el punto, ha dicho, Iván Espinosa de los Monteros, de que los ciudadanos «trabajarán hasta el 20 de agosto sólo para pagar a Hacienda».

También se han escuchado voces entre las fuerzas minoritarias reclamando al Gobierno «eficacia antes que más gasto», «mejor ejecución del dinero» y contención para evitar caer en un «desbarajuste» como el que propició la política de derroche de Zapatero.

El PSOE ha acusado a los críticos con los planes presupuestarios del Gobierno de «no tener sentido de Estado». Su portavoz ha anticipado que las cuentas del Estado que remitirá el Gobierno a la Cámara «no van a gustarle nada» al PP porque «a defenderán al 99% de la población frente al 1%» de ricos a los que pretende beneficiar la derecha. Los socialistas insisten en que con la deflactación del IRPF que propone Feijóo «sólo se ofrecen nueve euros al mes a los ciudadanos» en tanto que con la supresión del impuesto de patrimonio que plantea el presidente andaluz, Juanma Moreno, «se regala a los ricos 2.300 euros al mes».

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